América Latina necesita que la acción climática internacional se traduzca en respuestas concretas, justas y sostenibles en los territorios. Camino a la COP31, los gobiernos subnacionales que integramos el Frente Ambiental Latinoamericano (FAL) solicitamos que se garantice el acceso a financiamiento climático adecuado para los territorios, se fortalezca la adaptación y la resiliencia con protección de la naturaleza y se impulse una transición energética justa e inclusiva, acorde con las realidades regionales.
Contexto
Nuestra región enfrenta una policrisis ambiental y social, los impactos del cambio climático se combinan con desigualdades persistentes, presiones sobre los ecosistemas y limitaciones estructurales para acceder a financiamiento, tecnologías apropiadas y oportunidades de desarrollo. Se estima que en los últimos 50 años la desigualdad entre países ha aumentado en torno a un 25% más a causa del calentamiento global.1
En un contexto donde los eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, intensos y duraderos afectan de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables, las familias en situación de pobreza presentan una resiliencia mucho menor ante desastres climáticos.
Sus recursos económicos y materiales suelen ser limitados y están estrechamente vinculados a sus medios de vida, lo que reduce su capacidad para protegerlos y recuperarse frente a los efectos de los desastres climáticos. Un ejemplo de ello fueron las lluvias extremas que afectaron a São Sebastião, Brasil, en 2023, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra. En las zonas analizadas, la concentración de edificios dañados fue 12 veces mayor en asentamientos precarios que en áreas urbanas no precarias.2 Este es uno de los numerosos casos en América Latina que evidencian cómo las desigualdades sociales y las condiciones habitacionales incrementan la vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático, reforzando la necesidad de priorizar políticas de adaptación y resiliencia en las comunidades más expuestas.
Cabe destacar que la diversidad biológica y cultural de América Latina constituye un patrimonio esencial para el bienestar y la resiliencia, que requiere protección y participación efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
A los eventos climáticos extremos, cuyos impactos se ven agravados por las desigualdades históricas de América Latina, se suma otra amenaza para nuestros pueblos: el debilitamiento de la democracia a través de la persecución política y judicial de liderazgos populares, así como de la criminalización y la violencia contra quienes defienden el ambiente y sus territorios. Estas prácticas buscan limitar la participación popular y frenar el desarrollo de proyectos políticos transformadores que permitan superar las injusticias económicas, sociales y ambientales de nuestra región. En este sentido, reafirmamos que cuando se ataca la democracia, se debilita la capacidad de nuestros pueblos de decidir sobre su propio destino y construir caminos de justicia social y ambiental.
Para abordar de manera efectiva la cuestión del cambio climático se requiere priorizar soluciones territoriales, integrando la gestión de riesgos, la conservación de ecosistemas, la seguridad alimentaria y la protección de recursos hídricos. Los gobiernos subnacionales son los que se encuentran en la primera línea de la acción climática, acompañando a sus comunidades y articulando respuestas ante los riesgos crecientes. Para contribuir plenamente, necesitan coordinación entre niveles de gobierno, capacidades institucionales y acceso oportuno a financiamiento y cooperación. La acción internacional debe reconocer estas condiciones y apoyar soluciones construidas con las comunidades, respetando las competencias de cada jurisdicción.
Frente Ambiental Latinoamericano
El Frente Ambiental Latinoamericano (FAL) es un espacio de cooperación política, técnica e institucional entre gobiernos subnacionales de América Latina comprometidos con la agenda ambiental. Este espacio busca fortalecer capacidades, intercambiar experiencias, impulsar acciones conjuntas y proyectar una voz regional en las agendas ambientales. Su trabajo se guía por la justicia ambiental y social, la no regresión, la prevención y la precaución, la transición justa, la igualdad sustantiva y de género, la participación y el acceso a la información, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, y el reconocimiento del valor intrínseco de los ecosistemas y la diversidad biológica. El FAL actúa dentro de las competencias de sus integrantes y promueve compromisos voluntarios acordes con sus marcos jurídicos.
Desde esta visión, instamos a las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a las presidencias de las COP, a los organismos financieros y a los actores de cooperación a avanzar en tres prioridades:
1Asegurar financiamiento climático accesible y adecuado para los territorios
Las políticas climáticas se concretan en los territorios, pero el financiamiento climático internacional no llega de manera suficiente ni oportuna a los gobiernos subnacionales. Enfrentamos numerosas barreras para acceder a recursos internacionales, preparar proyectos y sostener capacidades técnicas, lo que limita nuestra capacidad para implementar políticas de mitigación, adaptación y resiliencia. Por ello, solicitamos que la COP31 impulse mecanismos de financiamiento previsibles, accesibles, oportunos y transparentes, ampliando el acceso directo de los gobiernos subnacionales y revisando los requisitos de autorización nacional que dificultan la implementación de proyectos territoriales.
En virtud del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas, instamos a los países desarrollados a asumir un papel prioritario en la provisión de financiamiento climático, en reconocimiento de su responsabilidad histórica en la generación de emisiones y extractivismo.
Desde América Latina no le pedimos al Norte Global acceso al crédito o donaciones. Exigimos compensaciones por cinco siglos de extractivismo y de explotación de nuestros pueblos y territorios. El Norte construyó su prosperidad sobre esa expoliación y sobre el endeudamiento del Sur. Hoy somos países ricos en bienes naturales pero endeudados con el sistema financiero global, y con comunidades vulnerables ante un cambio climático que no generamos. Existe una deuda ecológica que corre en sentido inverso a la financiera y que los países centrales nunca asumieron. Por eso, responder a la crisis climática con más préstamos sólo agrava la injusticia y contribuye a la vulnerabilidad de quienes menos aportan a la crisis ambiental. El financiamiento climático no puede ser otro instrumento de condicionamiento: tiene que ser una compensación estructural, un acto de reparación y justicia climática, con recursos que no generan deuda y lleguen directamente a los territorios.
2Fortalecer la prevención, adaptación territorial y la resiliencia con protección de la naturaleza
La adaptación debe responder a los riesgos concretos que viven las comunidades y anticipar impactos que pueden comprometer vidas, infraestructura, salud y medios de subsistencia. Se requieren recursos estables y adecuados para evaluar riesgos, implementar sistemas de alerta temprana, desarrollar infraestructura resiliente, prepararse y responder ante emergencias, y recuperarse reduciendo vulnerabilidades futuras. Esto debe acompañarse de asistencia técnica, justicia ambiental y medidas que faciliten la adaptación y democratización de nuevas tecnologías.
Las medidas deben fortalecer, y no degradar, los ecosistemas que sostienen la vida y reducen riesgos, incluidos bosques, humedales, costas, montañas, cuencas y otros sistemas naturales. La planificación integrada de clima, biodiversidad, agua, suelo y salud debe promover soluciones basadas en la naturaleza y generar beneficios duraderos, con un enfoque social, de género y de derechos. Asimismo, debe respetar los derechos y garantizar la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Desde la cooperación internacional se debe garantizar el financiamiento adecuado y desde la cooperación regional se puede facilitar el intercambio de soluciones, datos, tecnologías y capacidades, así como atender desafíos compartidos, entre ellos los desplazamientos asociados a los impactos climáticos.
3Impulsar una transición energética justa, inclusiva y acorde con las realidades regionales
La transformación de los sistemas energéticos debe reducir emisiones y contaminación, ampliar el acceso a energía segura y asequible, y generar bienestar, por ello solicitamos que las decisiones de la COP31 reconozcan a los gobiernos subnacionales como socios de implementación y fortalezcan su participación en el diseño de hojas de ruta energéticas y planes de transición. Es necesario apoyar la eficiencia energética, las energías renovables y distribuidas, la electrificación limpia y las capacidades productivas locales, junto con formación laboral, generación de empleo y la protección social. La cooperación y el financiamiento deben facilitar transiciones compatibles con las prioridades de desarrollo sostenible de cada territorio y con la protección de sus ecosistemas.
En América Latina, una transición justa requiere atender las diferencias entre países y territorios, proteger derechos, asegurar participación pública y distribuir con equidad sus beneficios, costos y oportunidades. Las políticas deben considerar a las personas trabajadoras, las comunidades locales y los pueblos indígenas, así como los impactos sobre el agua, la biodiversidad, la salud y los medios de vida.
Un llamado a la cooperación
Los gobiernos subnacionales de América Latina somos actores estratégicos de la acción climática, con un papel fundamental en la transformación de los compromisos internacionales en políticas concretas que mejoren la calidad de vida de nuestras comunidades.
Desde el Frente Ambiental Latinoamericano reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la cooperación regional, intercambiar experiencias e impulsar políticas territoriales que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.
Convocamos a las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y a las instituciones financieras y de cooperación a establecer mecanismos efectivos de participación de los gobiernos subnacionales en la planificación, implementación y seguimiento de los compromisos climáticos internacionales, reconociendo nuestras capacidades y prioridades para avanzar hacia una acción climática justa, inclusiva y sostenible.











